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Jair Vargas

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La riqueza minera y gasífera ubicada en territorio cusqueño,

hacen que esta región se muestre muy atractiva y con un buen potencial

para que las empresas dedicadas a este rubro realicen grandes inversiones.

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La explotación de estos recursos permite a todos los niveles de gobierno (local, regional y nacional) incrementar su presupuesto como efecto del pago de impuestos que estas empresas realizan al Estado, el cual luego deriva en una transferencia fiscal llamada “canon” (minero y gasífero).  La distribución de este canon en la actualidad se realiza en el marco de la Ley 27506, el cual en su artículo 5 indica el modo de distribución del canon, privilegiando con mayores transferencias a aquellos territorios donde se extraen los recursos naturales, lo que ha provocado alta concentración de transferencias de canon solo en algunos distritos, provincias y regiones del país.

La situación actual de esta distribución en la región del Cusco demuestra que solo algunos gobiernos locales son los que perciben grandes sumas de dinero en relación a sus pares de la región. Según la base de datos del MEF, al año 2013 la municipalidad distrital de Yucay recibió por este concepto 36 veces menos del presupuesto que percibe la municipalidad distrital de Echarate, por habitante, cifra que para el año 2015 se redujo a una diferencia de 22 veces menos, lo cual sigue evidenciando una diferencia muy significativa.

El incremento de las transferencias presupuestales hacia los gobiernos locales provoca que la estructura política y económica venga experimentando importantes cambios, y al mismo tiempo permite evidenciar casos de malversación de fondos e incapacidad del gasto. Según el MPFN (Ministerio Público Fiscalía de la Nación), entre los años 2013 y 2014, el 30% de las autoridades locales de la región del Cusco son investigadas por presuntos delitos de peculado, colusión desleal, negociación incompatible, malversación de fondos, entre otros. Por su parte Herrera y Francke (2007), en su investigación, demuestran una notoria incapacidad del gasto de los gobiernos locales, situación que viene generando en muchos casos inversiones ineficientes e improductivas y a menudo se vinieron ejecutando proyectos no prioritarios.

Ante ello, en un primer momento se señalaba al SNIP como un sistema administrativo que actuaría como filtro frente a los proyectos que pudieran ser mal concebidos y con el cual se deberían de reducir los hechos de malversación de fondos, seguidamente a este se le consideró como uno de los principales obstáculos para un gasto eficiente por su lento proceso de aprobación a los proyectos, el cual estaba encargado a los especialistas del MEF.

Hoy en día el SNIP ya no es un filtro de proyectos eficiente y tampoco está encargada su aprobación a los especialistas del MEF, al contrario, mediante la Dirección General de Políticas de Inversión se vinieron estableciendo Oficinas de Programación e Inversiones Locales (OPI) en la mayoría de los gobiernos sub nacionales, los cuales tienen a su cargo la aprobación de casi la totalidad de los proyectos de inversión pública.

Entonces, si el SNIP en su formato actual ya no es un filtro efectivo y no significa una traba para la aprobación de los proyectos ¿cuál es el camino que permitirá a los gobiernos locales ser más eficientes con sus inversiones?

En los últimos años, autores como (Herrera & Francke, 2007),  (Afonso & Fernandes, 2003), (Geys & Moesen, 2009); (Fogarty & Mugera, 2011), vinieron abordando este tema en diferentes países, buscando explicar las razones por las que suceden estos hechos y consiguientemente proponer soluciones que ayuden en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas que beneficien en la gestión de los gobiernos locales.

Uno de los planteamientos que surgen como una posible solución es la descentralización plena de las funciones y responsabilidades de la Dirección General de Política de Inversiones, la cual deberá de estar a cargo de una oficina regional especializada en temas de desarrollo y constituido por profesionales de un alto nivel.

El formato actual del SNIP deberá de ser reformulado y convertido en uno más ágil, que permita / exija a los gobiernos locales a acelerar los procesos de ejecución, lo cual no debería de derivar en una mala ejecución, y esta responsabilidad recaería en la oficina especializada en temas de desarrollo, que planteamos, debería de ser constituida.

Por otra parte, los procesos de contratación del estado deberán de ser mejor elaborados y supervisados, para que de esa manera se eviten formular requerimientos muy específicos y distintos para cada proceso. Se sugiere mantener un perfil profesional estándar para cada puesto de trabajo a nivel de todos los gobiernos locales, lo cual motivará una mayor competitividad entre los postulantes.

El sistema de redistribución del canon deberá ser evaluado y mejorado, su actual sistema de distribución promueve un desarrollo desigual e inequitativo de los distritos, incluso entre los que se encuentran en una misma provincia, lo que a la larga podría derivar en conflictos sociales y seguidamente en fragmentación de los territorios (caso Megantoni en la provincia de la Convención).

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Una Respuesta a ¿Cuál es el camino para una mayor eficiencia del gasto de los gobiernos locales?

  • Con la creación del nuevo departamento o región de La Convención esta situación variaría significativamente en vista que los recursos de cano gasífero, las mismas que representan entre 75% a 95% del presupuesto de las municipalidades dejaría de transferirse tanto al gobierno regional y las municipalidades de Cusco. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de una eficiencia en el gasto sino de una eficiencia en la generación de los ingresos.

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