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Wilfredo Fernández Castillo

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En las últimas semanas, el proyecto Mall Aventura Plaza está generando polémica y enfrentamiento entre el alcalde provincial del Cusco, Carlos Moscoso y el alcalde del distrito de Wanchac, Willy Cuzmar. El proyecto en cuestión sería desarrollado por la empresa Gemma Negocios, cuyo presupuesto bordearía los 60 millones de dólares. Al respecto, diferentes medios de comunicación local y nacional expresan argumentos a favor y en contra. Siendo las opiniones, a favor, más recurrentes:

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Que su construcción abonaría en la categoría de ciudad moderna, Cusco solo cuenta con un centro comercial, mientras que ciudades cercanas con menos población y turistas, como Ica, Juliaca, Arequipa cuentan hasta con tres modernos mall, la necesidad de promover la competencia y la inversión privada para generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos; por otro lado se dice también que este proyecto promoverá la creación de nuevas cadenas regionales de valor que dinamizarán la economía, dando la oportunidad a proveedores regionales para que suministren productos alimenticios, textiles, así como diversos servicios e insumos.

Como argumentos que se oponen a este proyecto se señala: que su construcción rompería la armonía arquitectónica del centro histórico de la ciudad, por lo cual pondría en cuestión su nominación de Patrimonio cultural de la Humanidad otorgado por la Unesco en 1983; así como la preocupación del caos que generaría en el tráfico vehicular y la contaminación de los grandes camiones que usan para el trasporte de la mercadería, y el flujo de taxis y vehículos menores de quienes asistirían a este centro comercial; lo que ya ocurre en las avenidas Cultura y Collasuyo adyacentes al Mall Real Plaza; el lugar del proyecto en mención es considerado parte de la zona de amortiguamiento del Centro Histórico del Cusco.

Estas opiniones sitúan a las autoridades, periodistas y seguramente a la población también, en dos enfoques de desarrollo, el primero que asume el factor económico como fin y medio prioritario que orienta la vida de las personas y las sociedades, y de ahí la necesidad de facilitar la instalación de estas cadenas transnacionales de comercio como parte del proceso de inserción en la globalización de las economías, y al final que el poder económico de estas transnacionales ordene o desordene nuestros territorios, así como la integración comercial informal de los consumidores locales y establecimientos en formatos que influencian e imponen costumbres y estilos de vida ajenos, homologando hábitos de consumo al ofrecer los mismos productos a los diferentes clientes de los diversos mercados internacionales. Este proceso de neo colonización de los sistemas alimentarios locales supone la desaparición de un modo de vida y una cultura.

Al respecto Sergio Boisier[1] especialista en temas de desarrollo sostiene: “En el contexto de globalización el crecimiento territorial es más y más exógeno, a medida que el aporte territorial es más y más pequeño, debido a que los agentes que controlan factores de crecimiento generalmente residentes en su mayoría fuera del territorio en cuestión (acumulación de cápita, de conocimiento y capital humano) tiende a separarse más y más de la matriz social de agentes locales”.

Por el lado de quienes se oponen, justifican en la cultura y la necesidad de vivir en un territorio ordenado con una calidad de vida sin congestiones vehiculares y consiguiente contaminación por el smog de las ciudades modernas, donde los diferentes servicios estén desconcentrados y adecuadamente distribuidos de manera planificada, como lo han hecho con criterio conservacionista en la ciudad de Quito – Ecuador, seguramente conscientes que la experiencia del “dejar hacer” nos ha enseñado que sin reflexión y previsión del futuro, el crecimiento espontáneo lleva a una ocupación desordenada, a un comportamiento insostenible, desequilibrios territoriales y degradación ambiental.

Más allá de estas reflexiones locales, sobre todo porque Cusco es una ciudad cosmopolita y por considerar trascendental el futuro del ámbito rural de la región, debe quedar claro que el apoyo a la instalación de estos supermercados de cadenas transnacionales, refleja la opción de transitar hacia una economía agrícola global que supone la reestructuración de los sistemas productivos ya existentes, la búsqueda de nuevas formas de inserción en los mercados ya globalizados o en vías de globalización;  o sea, la orientación de la agricultura local a que deje de ser el soporte del abastecimiento de alimentos local, hacia cultivos de exportación, es decir el desplazamiento del uso de los recursos para nutrir las necesidades del negocio alimentario global.

Estas transnacionales del comercio minorista van apoderándose, concentrando y dominando los sistemas agro alimentarios (SAA) en el mundo, siendo una de sus prioridades el dominio del mercado interno a través de la expansión de sus unidades, habiendo generado en los países donde más avanzaron, una serie de impactos cada vez más insostenibles sobre el medio ambiente, el ordenamiento territorial, el incremento de las desigualdades en lo social, malnutrición, hambre.

Simultáneamente con el avance del modelo exportador, localmente avanza también la pérdida de la propiedad de las tierras y el empobrecimiento en las áreas rurales, en las que la población, a la vez que pierde el control sobre los cultivos y los alimentos tradicionales, pierde también el poder adquisitivo para poder acceder a los alimentos importados que ahora inundan los mercados a precios, que gracias a los subsidios de las agriculturas de países desarrollados, están por debajo de sus costos de producción.

Asimismo es necesario reflexionar sobre los pro y contra de la titulación de las tierras en el contexto actual. Cabe preguntarse si las insistentes voces que proponen la titulación individual de las tierras con justificativos de trasfondo claramente económico, están a favor de facilitar que empresas transnacionales que cuentan con fondos de inversión en tierras, con objetivos de control del sistema agroalimentario en territorios locales de países en vías de desarrollo. Ya existen empresas agroalimentarias o gestores de fondos de inversión europeos y estadounidenses que se apresuran en adquirir la posesión o el uso de tierras a gran escala en América Latina, (Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Perú).

En Chile, el 50% del comercio minorista de alimentos está en manos de las grandes redes de supermercados, en Brasil, el 75%, en el Perú se estarían aproximando al 25%, en Argentina el 58%; y estos países están tomando diferentes medidas y estrategias para frenar el avance de estas transnacionales y proteger los sistemas locales de comercialización de alimentos. En Brasil, fue elaborado un Plan Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural, en México crearon sus Agencias de Desarrollo Regional; en Argentina, municipalidades de ciudades importantes como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, emitieron leyes restringiendo o directamente suspendiendo la instalación de estos supermercados.

El hecho de vivir en zonas rurales no puede, necesariamente, significar algo como una condenación a la pobreza y a la marginalidad. El énfasis en la dinamización de las economías locales/territoriales asume una importancia cada vez más grande, que si bien en nuestra región la globalización de los sistemas alimentarios está en sus inicios, plantea grandes retos tanto a los productores, comerciantes locales, sociedad civil, autoridades, quienes toman decisiones en el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a construir y/o fortalecer instituciones que dinamicen las economías rurales, de la mano con la conservación de los recursos naturales y la disminución de las desigualdades en los territorios rurales. Es cada vez más fuerte la necesidad de recuperar la capacidad del Estado de planificar el desarrollo, poniendo nuevamente en la agenda el tema de la generación de empleo decente; no se trata solo de aumentar la producción agropecuaria (condición obviamente importante), sino de articular las políticas públicas en los territorios rurales con planes de ordenamiento territorial realmente concertados, que permitan a los agricultores familiares ampliar su acceso a servicios de calidad (agua, educación, salud, tecnología, infraestructura) que permitan mejorar su inserción en mercados más dinámicos de productos, servicios y empleo.

[1] OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA ECONOMÍA SOCIAL, Revista académica, editada y mantenida por el Grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga. ISSN: 1988-2483 Año 1 – Nro. 1 – Julio, agosto, septiembre de 2007

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