1 abril 2016

Adrian Álvarez
Abogado – Centro Bartolomé de Las Casas

Si bien es cierto que a partir de los s 90′ los diferentes gobiernos han decretado la inversión en industrias extractivas como prioridad para dinamizar la economía, y  que aparentemente ha venido dando resultados como el “crecimiento económico”, estas inversiones han traído como consecuencia un costo social  altamente significativo, frente a lo cual el Estado  ha promulgado varios dispositivos legales que facilitan este proceso, aunque ello no quiere decir que sea lo mejor.

Revisemos rápidamente esta historia de concesiones mineras en la afectación de tierras, específicamente a comunidades campesinas alto andinas.

Para empezar existe una gran omisión a la Consulta Previa, estipulada en el convenio 169 de la OIT del cual el Perú es parte. Este convenio es aplicable y exigible desde 1995. Esta omisión es claramente una violación a los derechos colectivos; enfrascados en una discusión vaga: que si son pueblos indígenas o pueblos originarios, si les corresponde este derecho o no. Simplemente no existe la voluntad de aplicar esta norma o aplicarla en lo que es conveniente para algunos.

En lo sucesivo, dada la concesión a una empresa, esta, por su cuenta y amparada por el Estado empieza un proceso de negociación con las comunidades con el afán de lograr una licencia social, para lo cual se hace un sinfín de ofrecimientos. Pero veamos que su primera intención es comprar las tierras de las comunidades, cuyo costo es impuesto por la propia empresa que las valoriza a 0.20 o 0.30 céntimos de Sol por metro cuadrado, como si fuera un favor, expresando que ese es el valor real de sus tierras y haciendo mención al diluido Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA. Aquí la empresa y el propio Estado olvidaron la ley clásica: Ley de Mercado Libre. De hecho para obtener estos favores la empresa ofrece dar trabajo a los afectados (asalariados), es decir el campesino se queda sin sus tierras y tiene que trabajar para la empresa en las diferentes modalidades. Se puede decir que el campesino ahora tiene dinero, dinero que en algún tiempo no tenía ni conocía y que ahora no alcanzará para satisfacer sus necesidades básicas, porque posiblemente no es el dinero real que le correspondería por el valor de sus tierras, y al valor que correspondería a perder su hábitat, sus costumbres, su modo de vivir, su propia vida que no tienen valor dentro del mercado y que nadie podrá compensar. La tierra dentro de la significación andina es parte de uno mismo, es una construcción integral del ser. Sin tierra, el campesino con el poco dinero que obtiene por una venta obligada de sus tierras, entra en un sistema de consumo también obligado, sin tierras, sin trabajo y con cambios de vida violentos.

¿Cuánto valen realmente las tierras comunales,codiciadas por las empresas, donde existe una gran riqueza que serán aprovechadas y harán ricos a otros? será 0.30 céntimos en el mejor de los casos: un ejemplo, una comunidad con 1000 Has que equivale a 10, 000,000 m2, con 200 familias, el costo será de 3 millones soles, dispuestos entre las familias les corresponderá a 15 mil soles. Después, para mejorar esta situación las empresas proceden a realizar compensaciones por la posesión a cada familia, valorizando sus mejoras, sus cercos (para lo cual los comuneros empiezan a hacer mejoras, construcciones de material noble para lograr mejores costos) que en el mejor de los casos termina valorizándose hasta en 200 mil soles. Con esto se cerró el gran negocio de la empresa; sin embargo este dinero es entregado en partes y en tiempos dilatados bajo ciertas condiciones y con las promesas hechas. Muchos de los casos terminan en los ya conocidos conflictos sociales, y justo por el incumplimiento de las empresas.

Una vez que la empresa y la comunidad han concluido con estas negociaciones, el Estado quita cuerpo, porque ahora estos tratos son privados donde el Estado no tiene injerencia, es decir que las comunidades quedan a merced de la empresa, bajo el techo de responsabilidad social, que por cierto no es obligatorio, tiene el carácter de voluntario como desprendimiento de la empresa.

Todo reclamo (vía crucis) es calificado como delito y reprimible por la fuerza, con la ayuda de la fuerza pública, claro está con resultados que se pueden leer en algunos diarios, y posiblemente como sucede actualmente, termine en una mesa de “diálogo” (mesa de trabajo).

Ahora queda pendiente definir ¿cuál es el derecho que les asiste a las comunidades y a sus posesionarios y a dónde deben recurrir? Quizá solo queda exigir el cumplimiento del Convenio 169 y recurrir a las instancias supra nacionales donde seguramente se logrará una sanción al Estado para que indemnice a las víctimas, y la empresa bien gracias.