Declaratoria
Frente al contexto actual de reformas políticas y la nueva ruralidad de las comunidades campesinas y nativas
En el presente evento, Diálogo Campesino: “Tejiendo territorios: la nueva ruralidad en el sur andino amazónico”, reunidos en la ciudad del Cusco con la participación de diversas organizaciones del sur andino amazónico —respaldadas por normas y leyes nacionales e internacionales—, invocamos los siguientes marcos normativos: la Constitución Política del Perú (arts. 1°, 2°.1, 2°.19, 48°, 55°, 88°, 89°, 149°, 191°); el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; la Ley General N° 24656 de Comunidades Campesinas y su reglamento (D.S. N° 008-91-TR, D.S. N° 004-92-TR, D.S. N° 045-93-AG); la Ley General del Ambiente N° 28611; la Ley N° 29338 de Recursos Hídricos; y el Código Civil (arts. 134°, 136°, 138°, 139°).
Por todo ello, exigimos que el Estado reconozca y respete nuestras voces, nuestros territorios y nuestras formas de vida, además RECHAZAMOS una “nueva ruralidad” que desconoce la complejidad de nuestras comunidades, impulsada por un discurso estatal que, bajo la etiqueta de “anti-desarrollo”, niega la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria, el valor de la naturaleza y los ecosistemas, y la sostenibilidad de los territorios para el bien común. En tal sentido, declaramos lo siguiente:
Actualmente, nos enfrentamos a modificaciones legales y normativas, como la Ley N° 24657 de Deslinde y Titulación de Territorios Comunales, que atentan contra los territorios de las comunidades campesinas y nativas, así como a la vulneración de nuestros derechos colectivos.
Esta visión territorial del gobierno desconoce nuestra cosmovisión andino-amazónica y nuestra relación con la naturaleza, la cual concebimos como un sujeto de derechos, con vida propia. Mientras tanto, se profundiza la pérdida de identidad cultural debido a la migración hacia zonas urbanas y a un sistema educativo que excluye nuestras lenguas originarias, imponiendo idiomas extranjeros de manera obligatoria. A ello se suma un modelo económico que mantiene y promueve un sistema agrícola convencional, impulsado por el Estado, que fomenta el uso de pesticidas e insecticidas, en contradicción con la salud integral de nuestras comunidades y la protección del entorno natural.
Las comunidades campesinas tenemos un origen ancestral, cultural y ambiental. En 1987, la Ley de Comunidades Campesinas se elaboró mediante un proceso participativo, basado principalmente en el diálogo. Sin embargo, normativas recientes que modifican el deslinde de centros urbanos han debilitado el reconocimiento de las comunidades como tales. Ante esto, manifestamos nuestra preocupación y rechazo.
Frente a esta situación, exigimos una gobernanza construida sobre la base de la equidad y la participación real entre el Estado y los pueblos originarios, capaz de enfrentar retos como la crisis climática, hídrica, alimentaria, el extractivismo y los crecientes conflictos ambientales. Iniciativas como el reconocimiento del lago Titicaca, el río Marañón y otros ecosistemas como sujetos de derechos reflejan nuestra cosmovisión y convivencia con la naturaleza, y deben ser valoradas como propuestas legítimas y necesarias.
Reafirmamos que las comunidades campesinas y nativas somos pueblos originarios con derecho a la consulta previa, conforme a la legislación nacional e internacional. Es necesario contar con más espacios de diálogo a nivel provincial y regional para fortalecer la perspectiva de las comunidades.
Actualmente, la Amazonía enfrenta un proceso de expansión urbana, además de problemas
graves como la minería ilegal, la deforestación, el cambio de uso de suelos y el narcotráfico. Las
comunidades nativas han sido reducidas territorialmente debido a proyectos impulsados desde
un enfoque extractivista que carece de responsabilidad ambiental, social y económica, afectando
gravemente los ecosistemas. Por lo tanto, cuestionamos la eficacia de los mecanismos de
remediación ambiental, social y económica, que muchas veces están vinculados a actividades
ilegales como la minería y la deforestación, así como a la criminalización y los atentados contra
los defensores ambientales.
Las comunidades campesinas y nativas somos guardianas de los ecosistemas que dan vida a las
cuencas hidrográficas. Tenemos un rol fundamental en la conservación, restauración y
monitoreo de nuestros territorios. Por ello, es indispensable el respaldo y el respeto a nuestra
autonomía, así como el reconocimiento de nuestras propuestas de conservación y gestión
integral de los territorios.
