El día de ayer, jueves 30 de mayo de 2024, cerca de 500 efectivos policiales sin ninguna orden
judicial de desalojo se constituyeron en la comunidad de Pumamarca del distrito de
Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, específicamente en el
sector de Ayllu Sallawi, zona principalmente dedicada a la producción agrícola y ganadera.
Aproximadamente a las 5:00 am los efectivos policiales empezaron a reprimir a los comuneros
que residen en el sector. De estos hechos lamentables hay una suma de ocho heridos, la brutal
represión se prolongó hasta altas horas de la tarde del día de ayer, los policías quemaron las
casas temporales de los comuneros. Los efectivos policiales siguen en la zona.
Antecedentes del conflicto:
- En 2011, MMG Las Bambas compró 1000 hectáreas del sector Sallawi a la comunidad
de Pumamarca, por el precio de $2,000.00 la hectárea. Esto es $0.20 el m2. - El 18 de abril del 2012 se pide una renegociación de la venta de las 1000 hectáreas, entre
la comunidad y el representante de la empresa minera, que por entonces era el gerente
de relaciones comunitarias, Valentín Choquenaira, llegando a un acuerdo de S/.
1,000,000.00 (un millón de soles). - Se precisó que estos terrenos no iban a ser cercados ni explotados, que solo iban a
utilizarse para la construcción de un campamento y que al finalizar la operación minera
iban a ser devueltos a la comunidad de Pumamarca. - Aunque el documento dice “venta”, se acordó el retorno del territorio, lo que es una
concesión. - En cuanto a la condición para la devolución o retorno de las 1,000 hectáreas a la
Comunidad, esta está supeditada a la finalización de las operaciones mineras. Es
importante destacar que, en el momento de la firma del acuerdo de venta de dichas
tierras, ya estaba aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las
Bambas, el cual estableció una duración operativa de 18 años. Según el cronograma
aprobado, esta operación comenzó en 2014 y culminará en 2031. - El 2020 un grupo de comuneros se asentaron en el sector de Sallawi, donde realizaban
actividades agrícolas y ganaderas. - El estatuto de la comunidad de Pumamarca, en su artículo 82, literal “d”, contempla el
siguiente contenido “Las tierras agrícolas de Layme del sector de Sallawi son
intangibles y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, etc., en proporciones
iguales por cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso”. - El 12 de mayo de 2023 la empresa minera Las Bambas solicita la evaluación de la Ficha
Técnica Ambiental (FTA) en el sector de Sallawi para un proyecto de exploración. - El 23 de febrero de 2024, la comunidad de Pumamarca, a través de su presidente Rubén
Huamani Criollo, solicitó la nulidad de la Resolución Directoral N° 095-2023/MINEMDGAAM.
Esta resolución autoriza la Ficha Técnica Ambiental del proyecto de
exploración “Sallawi Norte” de Las Bambas.
Cronología del Proyecto “Sallawi Norte”
- 12 de mayo de 2023: Las Bambas solicita la evaluación de la Ficha Técnica
Ambiental (FTA) para el proyecto de exploración. - 18 de mayo de 2023: El MINEM solicita a Las Bambas subsanar las
observaciones hechas a la FTA. - 24 de mayo de 2023: Las Bambas presenta la corrección de observaciones.
- 30 de mayo de 2023: La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
aprueba la FTA y permite las actividades de exploración de “Sallawi Norte”.
La comunidad de Pumamarca ha solicitado la nulidad de esta resolución por varios
motivos:
- Desconocimiento de la ocupación de comuneros: Las Bambas argumentó
que el área de “Sallawipampa”, donde pretendía ejecutar su proyecto
“Sallawi Norte” no estaba ocupada por personas. Sin embargo, actas de
constatación del juez de paz de Tambobamba confirman la presencia de
familias y actividades ancestrales en la zona. - Cumplimiento de Lineamientos y Criterios de la FTA: La FTA se puede aplicar
solo cuando el área del proyecto no incluye poblaciones y mantiene una
distancia prudencial para evitar impactos. La presencia confirmada de la
Comunidad Campesina de Pumamarca incumple estos criterios. Las casas
quemadas durante el 30 de mayo de 2024 confirman esta situación. - Falta de Consulta Previa: No se realizó la consulta previa con la comunidad,
un derecho protegido por el Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 29785. - Estatuto Comunal: El Estatuto Comunal de Pumamarca prohíbe actividades
mineras en su territorio ancestral. La resolución contradice estos estatutos y
compromisos previos.
En la madrugada del 30 de mayo, la comunidad de Pumamarca vivió una tensa jornada
cuando la Policía Nacional del Perú ejecutó un desalojo inesperado. Según el relato de
Melchor Vargas, exdirigente comunal, la intervención policial comenzó alrededor de las
cuatro de la madrugada, cuando los agentes irrumpieron en el campamento de la
comunidad- sector Sallawi, destruyendo cabañas y carpas. Este sorpresivo operativo
desencadenó un enfrentamiento que dejó al menos ocho personas heridas.
Análisis del conflicto
El desalojo policial en Pumamarca del día jueves 30 de mayo denota la profunda asimetría de
poder entre la comunidad y la empresa minera MMG- Las Bambas. Esta desigualdad se evidencia
de múltiples maneras y refleja las tensiones históricas entre las grandes corporaciones y las
comunidades indígenas en el Perú.
El origen del conflicto se remonta a 2011, cuando Las Bambas adquirió 1000 hectáreas de tierras
comunales por un precio que los comuneros consideran irrisorio. Esta transacción, renegociada
en 2012 por un millón de soles más, prometía no explotar los terrenos y devolverlos al final de
las operaciones mineras en 2031, además de que solo iban a ser utilizados para la construcción
de un campamento minero. Es preciso mencionar que, si bien el documento dice “venta”, esta
transacción quedó supeditada al retorno del territorio al a comunidad, lo que en realidad es una
concesión. Esta ambigüedad en los términos del acuerdo evidencian la desigualdad y el abuso
de poder, ya que la empresa ha explotado la confusión generada para su beneficio.
En mayo de 2023, la empresa minera solicitó unilateralmente y de espaldas a la comunidad la
evaluación de la Ficha Técnica Ambiental a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Mineros para el proyecto de exploración en el sector Sallawi, donde se encontraban viviendo
familias de comuneros, realizando actividades de agricultura y ganadería. Estos hechos reflejan
la desigualdad estructural, un desequilirbio que se ve agravado por la falta de cumplimiento del
rol del Estado de proteger a la ciudadanía, y el desprecio por parte de la empresa minera hacia
los derechos fundamentales de las personas que viven en su zona de intervención.
La llegada de cerca de 500 efectivos policiales sin una orden judicial de desalojo refleja una clara
preferencia institucional hacia los intereses de la empresa minera. Este acto no solo contraviene
los procedimientos legales, sino que también evidencia el poder desproporcionado que Las
Bambas ejerce sobre la comunidad. La brutal represión y la destrucción de las propiedades
comunales no hicieron más que seguir profundizando el resentimiento y la desconfianza hacia
el Estado y la empresa. Este tipo de violencia estatal no solo es una violación de derechos
humanos, sino que nos demuestra una vez más que las instituciones públicas están al servicio
de intereses privados en detrimento de la ciudadanía, más aún si esta ciudadanía es rural e
indígena.
La aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para el proyecto de exploración en Sallawi sin
una consulta previa con la comunidad viola derechos fundamentales protegidos por el Convenio
169 de la OIT, reflejando la marginalización sistemática de la comunidad de Pumamarca. Las
Bambas argumentó que el área no estaba ocupada, lo cual fue desmentido por actas que
confirman la presencia de familias y actividades ancestrales. Esta desinformación y
desconsideración de la realidad local demuestra un desprecio hacia los derechos y las vidas de
los comuneros, así como a su derecho de propiedad sobre las tierras comunales, y la gestión de
este territorio. Vemos la exclusión sistemática de las voces de las comunidades en los procesos
de toma de decisión que afectan directamente a su calidad y medios de vida, así como sus
territorios.
Este conflicto revela las múltiples facetas de la asimetría de poder: la empresa minera posee
recursos financieros, influencia política y respaldo gubernamental, mientras que las
comunidades dependen de sus tierras para subsistir y carecen de los medios para hacer valer
sus derechos de manera efectiva e inmediata. La falta de transparencia y justicia en las
negociaciones, junto con el uso de la fuerza para resolver disputas, perpetúa un ciclo de violencia
y desconfianza, que se ve además reflejado en los cuerpos mismos de las personas. Las prácticas
de represión brutal parecieran tener continuidad con épocas de haciendas, donde los castigos
físicos “ejemplares” eran empleados por quienes ostentaban el poder.
Conclusión
El intento de desalojo en Pumamarca no solo es un evento aislado de represión, sino parte de
un conflicto más amplio de poder y derechos, que necesitamos ver, incluso, en perspectiva
histórica. Para evitar futuros enfrentamientos, es crucial que se respeten los derechos de las
comunidades y se reconozcan sus derechos ciudadanos, así como la falta del Estado al
resguardarlos, se realicen consultas previas y se establezcan diálogos equitativos. Este caso pone
de relieve la necesidad urgente de una reforma en las políticas de consulta y participación, así
como una mayor transparencia y justicia en las relaciones entre las comunidades y las empresas
mineras, reduciendo la desigualdad estructural y reparando los daños y violencias cometidas
hacia esta ciudadanía rural e indígena.
