PRONUNCIAMIENTO POR EL DERECHO LEGÍTIMO A LA PROTESTA CIUDADANA

Teniendo presentes las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola, generales de la PNP, así como otros altos funcionarios públicos, por las cuales se expresa la intención de limitar el derecho legítimo a la protesta ciudadana y se estigmatiza a quienes lo ejercen, los abajo firmantes, organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas nos pronunciamos:

1. El derecho a la protesta, al igual que los derechos a reunión, a la movilización y la libertad de expresión, así como el derecho a defender derechos, deben ser respetados y no pueden seguir siendo estigmatizados, amenazados o recortados en el marco de un Estado de Derecho.
2. Es importante mencionar y recordar que el derecho a la protesta viene siendo vulnerado antes del 7 de diciembre del 2022. Los asesinados por ejercer el derecho a la protesta en los casos Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Las Bambas en Cotabambas, Antapaccay en Espinar, así como el de Inti y Bryan en Lima, describen lo que ha venido sucediendo con el ejercicio del derecho a la protesta a lo largo de todo el país.
3. Sin embargo, tenemos que resaltar que luego del 7 de diciembre el ejercicio de este derecho viene siendo vulnerado a través de una sistemática y brutal represión que ocasionó el lamentable número de 49 compatriotas asesinados, centenares de heridos por impacto de bala, así como cientos de peruanos criminalizados por el hecho de ejercer el derecho a la protesta.
4. Por ello, condenamos como una amenaza velada de atentar contra la vida de los ciudadanos que van a protestar, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte quien, con fecha 14 de junio del 2023, afirmó lo siguiente: “… Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren? …”, que lo único que ha provocado es que se inicie un continuo pronunciamiento de miembros del Ejecutivo  y de las Fuerzas Armadas y PNP en contra del ejercicio del derecho a la protesta, pretendiendo impedir, indebidamente y con artificios legales,  la movilización pública de quienes protestan.
5. Siendo ello así, exigimos al Ejecutivo y a las fuerzas policiales abstenerse de difundir declaraciones que estigmatizan y terruquean por vulnerar la dignidad (derecho fundamental) de las personas que ejercen su legítimo derecho a protestar. Asimismo, les exigimos procedan a  detener todas las medidas que se vienen implementado de “manera preventiva” para impedir que las movilizaciones se desarrollen respetando el estado social y constitucional de derecho, así como la democracia.
6. Por último, llamamos a todos los ciudadanos y organizaciones a ejercer su derecho a la protesta a lo largo de todo el país con firmeza y sin caer en provocaciones de sectores violentistas que buscan deslegitimar dicha protesta.

¡Protestar no es un delito, Protestar es democracia!

¡No más muertos por protestar!